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Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explica proyecto de ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción

  • ​Es un paquete integral que combina pedagogía por la ética, transparencia en el Estado y en los contratistas, mayor control ciudadano y sanciones drásticas a los corruptos.
  • El manejo del Estado tiene que hacerse siempre con eficiencia, pulcritud y transparencia en el uso de cada recurso público, porque los recursos públicos deben servir para el bien común, para el bienestar de todos los colombianos.

Bogotá, 19 de septiembre de 2018 .- La Vicepr​esidente Marta Lucía Ramírez explica el proyecto de ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción que recoge su trabajo de varios años, así como propuestas de sectores políticos del país y que fue radicado por el Presidente Iván Duque, ayer martes, en el Congreso de la República junto a otras iniciativas.

Marta Lucía Ramírez tiene una visión que busca énfasis en la prevención sin descuidar el control y sanción de los actos de corrupción. Para ello el proyecto de ley contiene un paquete integral que combina pedagogía por la ética, transparencia en el Estado y en los contratistas, mayor control ciudadano y sanciones drásticas a los corruptos.

“Este es un momento sin precedentes tiene que ser una lucha sin cuartel, primero para que haya transparencia, segundo para que con más transparencia existan menos espacios para la corrupción, tercero para que haya pedagogía ciudadana y cuarto para que se apliquen sanciones drásticas contra los corruptos”, dijo la vicepresidente.

La vicepresidente explicó que el propósito es la de robustecer la lucha contra la corrupción y se adopten medidas para fortalecer la institucionalidad del Estado en favor de la transparencia.

“Queremos que la ciudadanía se comprometa, actúe, haga acompañamiento, presente denuncias, pero también queremos proteger a los ciudadanos que denuncien. Es muy importante convocar cada vez más a la ciudadanía a defender el patrimonio público, a defender todos contra la corrupción, por esa razón hemos propuesto que quienes denuncian actos de corrupción puedan recibir el pago de una recompensa, puedan mantener su identidad reservada”, aseguró.

Estas son algunas de las propuestas del proyecto:

Capítulo I. El proyecto establece medidas para el fortalecimiento institucional con la creación de un Bloque de Búsqueda Anticorrupción el cual estará compuesto por delegados de alto nivel con facultad decisoria de las entidades que componen la Comisión Nacional para la Moralización y será una Comisión Técnica y permanente que permita el trabajo diario en contra de los actos de corrupción.

“Tenemos que identificar aquellas entidades más proclives a los actos de corrupción, donde haya decisiones oscuras, decisiones que no son transparentes y concentrarnos en evitar esas prácticas oscuras”, manifestó la Vicepresidente.

Capítulo II. Se creará un Registro Público de Gestores o Cabildeo que estará administrado por la Procuraduría y que regulará esta actividad, volviéndola además una opción para todos aquellos que quieran participar. Este capítulo recoge iniciativas legislativas presentadas por varios congresistas en anteriores legislaturas.

Con esta propuesta se pretende dar transparencia a todas las actuaciones de las personas que se dedican a tramitar y a gestionar intereses de los ciudadanos y empresas.

“Tenemos que lograr que se registre las personas que hacen lobby o cabildeo ante las entidades estatales, es decir, qué intereses representan, cuál es la gestión que se encuentran haciendo ante una determinada entidad. Necesitamos que se conozcan las agendas de los funcionarios públicos, sus agendas deben ser púbicas… sus citas deben siempre hacerse acompañados de una persona que haya una ayuda memoria de cada una de estas reuniones”, expresó la señora Vicepresidente.

Capítulo III. Fortalecer y empoderar a la ciudadanía dándole beneficios para que denuncien prácticas corruptas que van en detrimento del patrimonio del Estado. Se establecerá el pago de recompensas por información, útil, veraz y soportada sobre hechos que constituyan delitos contra la administración pública; detrimento patrimonial, estafa o abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; o actos que atenten contra el patrimonio público y moral administrativa.

Según la naturaleza de la conducta y la competencia sobre el asunto, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación valorar la información y pagar la respectiva recompensa.

“Queremos que la ciudadanía se comprometa, actué, haga acompañamiento, presente denuncias, pero también queremos proteger a aquellos ciudadanos que denuncian actos de corrupción”, concluyó.

Capítulo V. Se creará un Sistema General de Información de lucha contra la corrupción como una herramienta tecnológica de visualización y convergencia de la información relacionada con la gestión administrativa y de recursos públicos.

Se necesita de una visión integral

El proyecto de ley busca atacar la corrupción desde una visión integral mezclando tres elementos principales:

  1. Prevención de la Corrupción: A través de la transparencia, la información pública, la participación ciudadana, la regulación del cabildeo y la educación en valores.
  2. Detección de la Corrupción: A través del fortalecimiento y mejor articulación del Estado, como el Bloque de Búsqueda Anticorrupción, el pago de recompensas por denuncias de corrupción y las alertas tempranas a la Secretaría de Transparencia.
  3. Sanción de la Corrupción: Se sanciona la corrupción estableciendo que los condenados serán multados con 5 veces el valor de su declaración de renta y la prohibición de contratar con el Estado y ser funcionario público.

El proyecto busca fortalecer las capacidades del Estado para perseguir la corrupción y hacer de la ciudadanía un actor clave en su prevención y detección. Por eso, se basa en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil de luchar contra la corrupción, de manera que el control y la sanción social de los colombianos se combine con el control y sanción legal del Estado.

 
 

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